El régimen dictatorial dirigido por Videla, Massera y Agosti se propuso un disciplinamiento generalizado de la sociedad argentina. Ejercitó dos tipos de violencia sistemática y generalizada: la violencia del Estado y la violencia del mercado.
El terrorismo de Estado
La violencia del Estado avanzó hasta el punto de transformarse en terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado significa que el monopolio de la fuerza y la portación de armas que los ciudadanos consisten en un Estado de derecho para que garantice la vigencia de sus derechos individuales, se vuelven en su contra. El terrorismo de Estado comienza cuando el Estado utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y los despoja de sus derechos y de la vida. El Estado se convierte en un terrorista cuando hace el uso de la tortura, oculta información, crea un clima de miedo, margina al Poder Judicial, produce incertidumbre de las familias y confunde deliberadamente a la opinión pública. Frente a este Estado, los ciudadanos se sienten y realmente están totalmente indefensos y sujetos al arbitrio de la voluntad de quienes se han arrogado a la autoridad. En estas condiciones ser testigo víctima o afectado por una acción del terrorismo de Estado crea confusión y parálisis: ¿qué hacer?, ¿a dónde ir a denunciar o pedir ayuda?
Las modificaciones del régimen político y del orden legal constitucional
La Junta Militar disolvió el Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes y otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Cambió la composición de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores de Provincia y declaró en comisión a todos los jueces.
Los jefes militares no sólo suspendieron las funciones legislativas de las Cámaras de Diputados y Senadores, sino que las reemplazaron por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (C.A.L.). La C.A.L. estaba integrada por nueve oficiales –tres por cada arma- y se encargaba de redactar los decretos del gobierno, a los que llamaron leyes.
A través de estas modificaciones desapareció la división de poderes del sistema republicano.
La supresión de los derechos y las garantías constitucionales
El gobierno militar también suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales y creó nuevos instrumentos jurídicos.
También suspendió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Disolvió la CGT y la CGE e intervino sindicatos y federaciones obreras. También suspendió los derechos y las garantías de los trabajadores, como el derecho de huelga. La desarticulación de las organizaciones obreras fue considerado un requisito necesario para la aplicación de un plan económico inspirado en los principios del libre mercado.
Además estableció un duro control sobre los medios de comunicación y la vigilancia de todas las manifestaciones artísticas.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario